El intendente Omar Félix promulgó la ordenanza que declara la autonomía municipal de San Rafael y habilita el proceso de redacción de la primera Carta Orgánica local. Para ello, se elegirá a 24 convencionales constituyentes que tendrán un plazo de 90 días para elaborar el nuevo marco institucional.

El paso fue presentado como un hecho histórico, pero la polémica no tardó en instalarse: los cuestionamientos apuntan al costo económico, la creación de cargos temporales con altos salarios y la falta de una explicación clara sobre qué beneficios concretos traerá esta autonomía a la vida cotidiana de los sanrafaelinos.

Cada convencional cobrará lo mismo que un concejal de San Rafael: alrededor de 3 millones de pesos mensuales. Multiplicado por 24 convencionales, el gasto en salarios supera los 72 millones de pesos al mes. Si se tiene en cuenta que la Convención funcionará como mínimo por 3 meses, el costo total en sueldos rondaría los 216 millones de pesos, sin contar los viáticos y gastos de funcionamiento (asesorías técnicas, logística, alquileres, personal de apoyo).

Es decir, solo en remuneraciones básicas, el municipio destinará cientos de millones de pesos a una estructura transitoria, en un contexto económico que golpea a los vecinos y a las arcas municipales.

Desde el Ejecutivo, poco se ha explicado sobre el verdadero sentido de este gasto. No está claro para qué servirá en la práctica esta Carta Orgánica, cuál será su impacto real en la vida de los ciudadanos ni por qué este proceso debe tener prioridad cuando abundan otras urgencias.

La pregunta que crece entre vecinos y referentes es directa: ¿qué cambia para la gente común que el municipio tenga una Carta Orgánica propia?

A este gasto se suma otro frente delicado: los empleados municipales tienen OSEP, la obra social de los empleados públicos de Mendoza. Con los salarios actuales, muchos no llegan a cubrir ni siquiera el valor básico de la cuota, lo que ya representa una carga de 3.000 millones de pesos anuales.

La gran incógnita es quién absorberá ese costo: ¿será el municipio con sus propios fondos? ¿Se crearán nuevos impuestos o tasas para financiarlo? ¿O se trasladará la carga a los vecinos en un contexto donde la presión económica ya es insostenible?

La promulgación de Omar Félix marca un antes y un después institucional para San Rafael. Pero detrás del discurso histórico, la autonomía municipal aparece rodeada de interrogantes: ¿vale la pena gastar más de 200 millones de pesos en sueldos de convencionales temporales? ¿Quién pagará los 3.000 millones que demandará la obra social? ¿Cuál es la verdadera necesidad de este proceso y qué cambia en la vida de los vecinos?

En un contexto de crisis económica, desempleo y caída del poder adquisitivo, muchos sanrafaelinos ven en esta medida más burocracia, más gasto y más impuestos encubiertos, antes que una solución a los problemas urgentes del departamento.